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Novedades de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal

A continuación pasamos a resumir las novedades más importantes publicadas en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, y que entran en vigor en su gran mayoría el 11-07-2021 .

1. Ley IS

1) Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1-1-2021, se introducen modificaciones para los supuestos de cambios de residencia cuando los elementos patrimoniales son transferidos a un Estado miembro de la UE o del EEE que haya celebrado un acuerdo con España o con la UE sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos tributarios, que sea equivalente a la asistencia mutua prevista en la normativa comunitaria (Dir 2010/24/UE; LIS art.19.1 redacc L 11/2021 art.Primero.Uno).

En este sentido, el contribuyente puede optar por el fraccionamiento del pago de la deuda tributaria resultante de la diferencia entre el valor de mercado y el fiscal de los elementos patrimoniales propiedad de la entidad residente en territorio español que traslada su residencia, por quintas partes anuales iguales.

El ejercicio de la opción se realiza en la propia declaración del impuesto correspondiente al período impositivo concluido con ocasión del cambio de residencia, debiéndose efectuar el pago de la primera fracción en el plazo voluntario de declaración correspondiente a dicho período impositivo. El vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anuales restantes, junto con los intereses de demora devengados por cada una de ellas, se produce de forma sucesiva transcurrido un año desde la finalización del plazo voluntario de declaración correspondiente al último período impositivo.

A este fraccionamiento le es exigible la constitución de garantías cuando se justifique la existencia de indicios racionales de que el cobro de la deuda se podría ver frustrado o gravemente dificultado.

Se prevén por otra parte varios supuestos en que se puede producir la pérdida del fraccionamiento.

Como excepción, no se integra en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales transferidos cuando estén relacionados con la financiación o entrega de garantías o para cumplir requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de liquidez, siempre que se prevea que deben volver a territorio español para afectarse en el plazo máximo de un año a un establecimiento permanente situado en España.

Finalmente se prevé, en el caso de cambio de residencia, transferencia a España de elementos patrimoniales o actividades que de acuerdo con la normativa comunitaria haya sido objeto de una imposición de salida en un Estado miembro de la UE (Dir (UE) 2016/1164 art.5), que el valor determinado por el Estado miembro de salida tiene la consideración de valor fiscal en España, salvo que no refleje el valor de mercado.

2) Para los periodos impositivos que comiencen a partir de 1-1-2022, en relación con las SICAV, se establecen ciertos requisitos que han de cumplir los socios para que sean computables a efectos de la aplicación por dichas entidades del tipo de gravamen reducido del 1%, así como un régimen fiscal transitorio aplicable en la disolución con liquidación de las mismas, para permitir que los socios puedan trasladar su inversión a otras IIC que cumplan los requisitos para mantener el tipo de gravamen reducido en el IS (LIS art.29.4 y disp.trans.41ª redacc L 11/2021 art.1.Dos y Seis).

Los requisitos a cumplir son los siguientes:

a) Solo se computan aquellos accionistas que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 2.500 euros, determinado de acuerdo con el valor liquidativo correspondiente a la fecha de adquisición de las acciones.

Tratándose de SICAV por compartimentos, a los efectos de determinar el número mínimo de accionistas de cada compartimento se computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 12.500 euros.

b) El número de accionistas anteriormente detallado debe concurrir durante el número de días que represente el menos las tres cuartas partes del periodo impositivo.

Estos requisitos no se aplican a las sociedades de inversión mobiliaria libre, a las sociedades cuyos accionistas sean exclusivamente otras instituciones de inversión colectiva, ni a las sociedades de capital de inversión variable índice cotizadas.

El cumplimiento de los requisitos acerca del número de accionistas pasa a ser competencia de la Administración Tributaria, a cuyo efecto la sociedad de inversión deberá mantener y conservar durante el periodo de prescripción los datos correspondientes a la inversión de los socios en la sociedad.

Además, con efectos a partir de 1-1-2021, para estas entidades se establece un gravamen especial del 15% sobre la parte de los beneficios no distribuidos que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general del IS, ni estén en plazo legal de reinversión. Su devengo se produce el día del acuerdo de aplicación del resultado del ejercicio por la junta general de accionistas, u órgano equivalente, debiendo ser objeto de autoliquidación e ingreso en el plazo de dos meses desde la referida fecha.

3) En el ámbito de la transparencia fiscal internacional, para los períodos iniciados a partir de 1-1-2021, la imputación de rentas característica de este régimen no solo afecta a las rentas obtenidas por entidades participadas por el contribuyente, como ocurría hasta ahora, sino también cuando las rentas se obtengan a través de un establecimiento permanente si se da la circunstancia de la LIS art.100.1.b, sin que resulte de aplicación la exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente -LIS art.22- (LIS art.100 redacc L 11/2021 art.1.Cuatro). 

En el supuesto de que se obtengan a través de establecimiento permanente, la imputación ha de efectuarse en el período impositivo en que se obtengan las rentas y el contribuyente, debe aportar junto a la declaración del Impuesto una serie de datos adicionales.

Por otra parte, se suprime la regla según la cual no se imputaban las rentas previstas en la LIS art.100.3.b) y e) redacc original o en la LIRPF art.91.3.b) y e) redacc original, en el supuesto de valores derivados de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades que otorguen, al menos, el 5% del capital de una entidad y se posean durante un plazo mínimo de un año, con la finalidad de dirigir y gestionar la participación.

Se incluyen entre las rentas imputables las rentas positivas derivadas de otras fuentes no previstas hasta ahora (entre otras, actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero, ciertas operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades vinculadas). 

La regulación prevista en la LIS no es aplicable cuando la entidad no residente o el establecimiento permanente, sea residente o se sitúe en otro Estado miembro de la Unión Europea o forme parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo y se suprime la referencia a la acreditación de que la constitución y operativa responde a motivos económicos válidos, manteniéndose la exigencia de que se realicen actividades económicas.

4) Respecto de la deducción de gastos de ejecución de producciones extranjeras, se concretan los requisitos necesarios para su aplicación (LIS art.36.2 y disp.trans.42ª redacc L 11/2021 art.Primero.Tres y Siete):

– que la producción obtenga el correspondiente certificado que acredite el carácter cultural emitido por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, o por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con competencia en la materia;

– que se incorpore en los títulos de crédito finales de la producción una referencia específica a haberse acogido al incentivo fiscal; y

– la autorización del uso del título de la obra y material gráfico y audiovisual de prensa por los titulares de los derechos, que incluya de forma expresa lugares específicos del rodaje o de cualquier otro proceso de producción realizado en España, para la realización de actividades y elaboración de materiales de promoción en España y en el extranjero con fines culturales o turísticos.

Como excepción, los dos últimos requisitos no son exigibles en el caso de producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos y obras audiovisuales respecto de las que el contrato por el que se encarga la ejecución de la producción hubiera sido firmado antes del 11-7-2021.

5) Otras novedades relacionadas

A. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2021, se introduce una mejora técnica en la baja del Índice de Entidades para que el concepto de fallido se refiera a las entidades deudoras y no a los créditos (LIS art.119.1 redacc L 11/2021 art.primero.Cinco; L 11/2021 disp.final 7ª.b).

B. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2021 que no hayan concluido el 11-7-2021, se producen las siguientes modificaciones en la regulación del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias para adaptarlo a las Directrices comunitarias sobre ayudas prestadas al transporte marítimo (L 19/1994 art.73, 73 bis y 76 redacc L 11/2021 disp.final 1ª.Uno, Dos y Tres; L 11/2021 disp.final 7ª): 

a) El régimen también es aplicable a los buques tomados en fletamento, si la suma de su tonelaje neto no supera el 75% del total de la flota de la entidad o, en su caso, del grupo mercantil, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 

b) Cuando resulte de aplicación a contribuyentes con buques no registrados en España, otro Estado miembro de la UE o del EEE, el incremento del porcentaje del tonelaje neto de dichos buques respecto del total de la flota de la entidad acogida al régimen especial, cualquiera que sea su causa, no impide la aplicación de dicho régimen a condición de que el porcentaje medio del tonelaje neto de buques registrados en España o en otro Estado miembro de la UE o del EEE respecto del tonelaje neto total referido al año anterior al momento en que se produce dicho incremento se mantenga durante el período de los tres años posteriores.

Esta condición no se aplica si el porcentaje del tonelaje neto de buques registrados en España o en otro Estado miembro de la UE o del EEE es al menos del 60%. 

c) Para la inscripción en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, los buques que estuvieran registrados en otro Estado miembro de la UE o del EEE, tienen la consideración de inscritos en el Registro Especial, siempre que cumplan con los mismos requisitos y condiciones que los previstos en nuestra normativa para la inscripción (RDLeg 2/2011 disp.adic.16ª). 

d) Se añaden los siguientes requisitos para la aplicación de los incentivos fiscales de este régimen especial:

– la entidad debe disponer de los registros contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos, directos o indirectos, correspondientes a las actividades acogidas al régimen, así como los activos afectos a las mismas;

– los buques deben ser aptos para la navegación marítima y estar destinados a actividades de transporte de mercancías, pasajeros, salvamento y otros servicios prestados necesariamente en el mar, estableciéndose particularidades para los casos de actividades de remolque y dragado; 

e) Se introduce como límite que el importe de los incentivos fiscales junto con el resto de ayudas al transporte marítimo recibidas no puede superar el límite previsto en las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo. 

f) En relación con los bonificación del IS, se especifica que cuando la parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades estrechamente relacionadas con el transporte marítimo supere a la parte de base imponible resultante de las actividades que generan el derecho a la aplicación del régimen especial, la cuota correspondiente a dicho exceso no puede ser objeto de bonificación. Esta limitación se aplica respecto de cada uno de los buques cuya explotación genere el derecho a la bonificación.

Asimismo se prevé que las bases imponibles negativas derivadas de las actividades que generan el derecho a la aplicación de este régimen no pueden compensarse con bases imponibles positivas derivadas del resto de las actividades de la entidad, ni del ejercicio en curso ni en los posteriores.

C. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2021 que no hayan finalizado el 11-7-2021, se eleva el límite de las deducciones para inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales en Canarias. El de espectáculos en vivo se mantiene. Así, los nuevos límites son (L 19/1994 disp.adic.14ª redacc L 11/2021 disp.final 1ª.Cuatro; L 11/2021 disp.final 7ª):

a) El importe de la deducción por inversiones en producciones españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental no puede ser superior a 12,4 millones de euros cuando se trate de producciones realizadas en Canarias.

b) El importe de la deducción por gastos realizados en territorio español por producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales no puede ser superior a 12,4 millones de euros cuando se trate de gastos realizados en Canarias.

Asimismo se actualiza el término «servicios de postproducción» por «servicios de efectos visuales» por ser técnicamente equivalentes de acuerdo con lo establecido por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Esta modificación no produce ningún cambio en la tributación efectiva existente, consistiendo únicamente en una adaptación en la redacción para tener en cuenta la nueva regulación existente a nivel estatal.

2. IRNR (L 11/2021 art.segundo)

Salvo que se indique otra cosa en el apartado concreto, las siguientes modificaciones tienen efectos para los períodos iniciados a partir de 1-1-2021:

A. En cuanto a la obligación de nombrar representante, se excluye a aquellos no residentes que lo sean de un Estado miembro de la UE o del EEE al que se aplique la normativa sobre asistencia mutua. Estos pueden actuar ante la Administración tributaria por medio de las personas que ostenten su representación conforme a las normas de representación legal y voluntaria previstas en la LGT.

B. Como consecuencia de lo anterior, se modifica lo relativo a la responsabilidad solidaria para excluir los supuestos de residentes en un Estado miembro de la UE o del EEE al que se aplique la normativa sobre asistencia mutua.

C. Respecto de la imposición de salida o exit tax, se incluye un nuevo supuesto en el que es preceptiva la integración en la base imponible de la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de los elementos patrimoniales que estén afectos a un establecimiento sito en España y este traslade su actividad al extranjero.

Asimismo, y en línea con lo aprobado en el ámbito del IS, se limitan a cinco años los aplazamientos y fraccionamientos por traslados o transferencias a Estados miembros de la UE o del EEE.

Se establecen supuestos de pérdida de vigencia del fraccionamiento, análogos a los contemplados para el IS.

D. De acuerdo con la modificación anterior, se incluye un nuevo supuesto de conclusión del período impositivo de los establecimientos permanentes, que es el de traslado de su actividad al extranjero.

E. Con efectos desde 11-7-2021, se sustituye el concepto de paraíso fiscal por el de jurisdicción no cooperativa, en línea con los últimos parámetros internacionales tanto de la UE como de la OCDE.

3. IRPF (L 11/2021 art.tercero)

1. Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda

Con efectos a partir de 11-7-21, en los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, la reducción solo se aplica sobre los rendimientos netos positivos que hayan sido calculados por el contribuyente en una autoliquidación presentada antes de que se haya iniciado un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección que incluya en su objeto la comprobación de tales rendimientos.

La reducción no se aplica respecto de la parte de los rendimientos netos positivos derivada de ingresos no incluidos o de gastos indebidamente deducidos en la autoliquidación del contribuyente y que se regularicen en alguno de los procedimientos antes señalados, incluso cuando esas circunstancias hayan sido declaradas o aceptadas por el contribuyente durante la tramitación del procedimiento.

(LIRPF art.23.2 redacc L 21/2021 art.3.dos, BOE 10-7-21; L 21/2021 disp.final 7ª.d)

2. Seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión

Con efectos a partir de 13-7-2021, se adaptan los requisitos exigibles para que no resulte de aplicación la regla especial de imputación temporal para este tipo de seguros, en concordancia con las últimas modificaciones normativas aplicables a las entidades aseguradoras.

Con carácter general, en los seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión, se aplica una regla especial de imputación temporal de los rendimientos de capital mobiliario, conforme a la cual deben imputarse como tales rendimientos en cada período impositivo la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al comienzo del período impositivo. El importe imputado minora el rendimiento derivado de la percepción de cantidades en estos contratos.

No obstante, la regla anterior no se aplica, entre otros supuestos, en aquellos contratos en los que las provisiones matemáticas se encuentren invertidas en:

a) Acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, predeterminadas en los contratos, siempre que se trate de instituciones de inversión colectiva adaptadas a la LIIC o amparadas por la Dir 2009/65/CEE.

b) Conjuntos de activos reflejados de forma separada en el balance de la entidad aseguradora, siempre que, entre otros requisitos, se cumpla que la inversión de las provisiones de cada conjunto de activos se efectúe en activos que cumplan las normas establecidas en el RD 1060/2015 art.89, sin que en ningún caso pueda tratarse de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios.

(LIRPF art.14.2.h redacc L 11/2021 art.3.uno, BOE 10-7-21; L 11/2021 disp.final 7ª.d)

3. Adquisición de bienes mediante contratos o pactos sucesorios

Con efectos a partir de 11-7-21, el adquirente de un bien a través de un contrato o pacto sucesorio se subroga en el valor y fecha de adquisición que dicho bien tenía en el causante, siempre que el mismo se transmita antes del transcurso de cinco años desde la celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento del causante, si fuera anterior.

En el supuesto de adquisiciones o transmisiones a título lucrativo, a efectos de la determinación de los valores de adquisición o de transmisión, se toma por importe real de los valores respectivos aquellos que resulten de la aplicación de las normas del ISD, sin que puedan exceder del valor de mercado.

No obstante, para las transmisiones de bienes efectuadas con posterioridad a 11-7-21 que hayan sido adquiridos de forma lucrativa por causa de muerte en virtud de contratos o pactos sucesorios con efectos de presente, el beneficiario de los mismos que transmita antes del transcurso de cinco años desde la celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento del causante, si fuera anterior, los bienes adquiridos, se subrogará en la posición de este, respecto al valor y fecha de adquisición de aquellos, cuando este valor sea inferior al señalado en el párrafo anterior.

Con esta medida, se impide una actualización de los valores y fechas de adquisición del elemento adquirido que provocaría una menor tributación que si el bien hubiera sido transmitido directamente a un tercero por el titular original.

(LIRPF art.36 redacc L 21/2021 art.3.tres, BOE 10-7-21; L 21/2021 disp.trans.1ª.4 y disp.final 7ª.d)

4. Novedades sobre fondos y sociedades de inversión cotizados

Con efectos a partir del 1-1-2022, se extienden a las instituciones de inversión colectiva (IIC) cotizadas que coticen en bolsa extranjera el tratamiento de las que cotizan en bolsa española respecto a la no aplicabilidad del régimen de diferimiento.

Desde la fecha señalada, el régimen de diferimiento no se aplicará cuando el reembolso o transmisión o, en su caso, la suscripción o adquisición, tenga por objeto participaciones o acciones en IIC análogas a los fondos de inversión cotizados o SICAC índice cotizadas previstos en el RD 1082/2012 art.79, cualquiera que sea el mercado regulado o el sistema multilateral de negociación en el que coticen y la composición del índice que reproduzcan, repliquen o tomen como referencia.

Lo anterior no se aplicará a las participaciones o acciones de las IIC señaladas adquiridas por el contribuyente con anterioridad a 1-1-2022 y no cotizadas en bolsa de valores española, siempre que el importe del reembolso o transmisión no se destine a la adquisición de acciones o participaciones de IIC de esta misma naturaleza.

(LIRPF art.94.1 y 2 y disp.trans.36ª redacc  L 21/2021 art.3.cinco y siete, BOE 10-7-21; L 21/2021 disp.final 7ª.c)

5. Nuevas obligaciones de información

Con efectos a partir de 11-7-21, se establecen dos nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales.

Desde la fecha señalada, las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, están obligadas a suministrar a la Administración tributaria la siguiente información, en los términos que reglamentariamente se establezcan:

a) Cuando proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, ya se preste dicho servicio con carácter principal o en conexión con otra actividad: información sobre la totalidad de las monedas virtuales que mantengan custodiadas.

La información a suministrar es la relativa a saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.

b) Cuando proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier forma en la realización de dichas operaciones, o proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales: información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia, relativas a monedas virtuales, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación.

Esta obligación se extiende a las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales, respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal.

(LIRPF disp.adic.13ª.6 y 7 redacc  L 21/2021 art.3.seis, BOE 10-7-21; L 21/2021 disp.final 7ª.d)

6. Imputación de rentas en el régimen especial de transparencia fiscal internacional

Con efectos desde el 11-7-2021, se introducen las siguientes modificaciones en relación con el régimen de transparencia fiscal internacional.

a) Como se venía haciendo hasta ahora, los contribuyentes han de imputar la renta total obtenida por la entidad no residente en territorio español o el establecimiento permanente, cuando estos no dispongan de la correspondiente organización de medios materiales y personales para su obtención, incluso si las operaciones tienen carácter recurrente. Pero a partir de ahora, se elimina la regla particular para el caso de dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de participaciones, que se remitía, en todo caso, a lo dispuesto en la LIRPF art.91.4, dado que ahora estas disposiciones han sido suprimidas.

b) Se incluyen entre las rentas imputables rentas positivas que provengan de fuentes como actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero y otras actividades financieras u operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades vinculadas, en las que la entidad no residente o establecimiento añade un valor económico escaso o nulo.

c) Respecto a la imputación de las rentas positivas que provengan de actividades crediticiasfinancieras, aseguradoras y de prestación de servicios realizadas con personas o entidades residentes en territorio español y vinculadas, que determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas personas o entidades residentes, modifica el porcentaje que supone que estas rentas positivas no se incluyan.

d) Se suprime la regla según la cual no se imputaban las rentas previstas en la LIRPF art.91.3.b) y e) redacc original en el supuesto de valores derivados de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades que otorguen, al menos, el 5% del capital de una entidad y se posean durante un plazo mínimo de un año, con la finalidad de dirigir y gestionar la participación.

e) Hasta ahora, la regulación de este régimen prevista en la LIRPF no era de aplicación cuando la entidad no residente era residente en otro Estado miembro de la UE, siempre que el contribuyente acreditara que su constitución y operativa respondía a motivos económicos válidos y que realizaba actividades económicas o se trataba de una IIC regulada en la Dir 2009/65/CE distintas de las previstas en la LIS art.54 o en la LIRPF art.95, constituida y domiciliada en algún Estado miembro de la UE.

Ahora, la regulación prevista en la LIRPF no es aplicable cuando la entidad no residente o el establecimiento permanente sea residente o se sitúe en otro Estado miembro de la Unión Europea o forme parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo. Además, se suprime la referencia a la acreditación de que la constitución y operativa responde a motivos económicos válidos.

f) Se sustituyen las referencias a los paraísos fiscales o países de nula tributación por otras a las jurisdicciones no cooperativas.

(LIRPF art.91 redacc L 11/2021 art.3.Cuatro, BOE 10-7-21; L 11/2021 disp.final 7ª)

4. ITP y AJD (L 11/2021 art.sexto y séptimo)

Con efectos 11-7-2021, se producen modificaciones respecto a:

A. Las operaciones no sujetas realizadas por empresarios o profesionales, donde se incluye la mención a que no afecta en estos casos la condición del adquirente, siempre que sea el transmitente el que ostente la condición de empresario o profesional.

B. Las operaciones sujetas que hacen referencia a las entregas de inmuebles que estén incluidos en la transmisión de un patrimonio empresarial, donde se elimina la referencia a que dicha transmisión tenía que ser de la totalidad de dicho patrimonio, añadiéndose además la referencia al patrimonio profesional.

C. A efectos de determinar la base imponible del ITP y AJD se sustituye la referencia al valor real por el de valor de los bienes transmitidos o derechos que se constituyan o cedan, equiparándolo a su valor de mercado, salvo que el valor declarado o el precio o contraprestación o ambas sean mayores a este, en cuyo caso se ha de tomar aquel. En concreto, se considera como valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas.

En el caso concreto de inmuebles, se toma como base imponible el valor de referencia recogido en la norma reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha del devengo, excepto que el valor declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada o ambos son superiores, en cuyo caso ha de prevalecer el mayor de estos valores.

Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del Catastro, la base imponible, va a ser la mayor del valor declarado por los interesados, el precio o la contraprestación pactada o del valor de mercado, sin perjuicio de la comprobación administrativa.

El valor de referencia solo puede ser impugnado cuando se recurra la liquidación realizada por la Administración tributaria, o con ocasión de la solicitud de rectificación de la autoliquidación.

D. Para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1-1-2022, se establece una exención en OS respecto a las operaciones de disolución y liquidación de las SICAV que no hayan alcanzado el número mínimo de accionista requerido en los términos previsto en la LIS art.29.4.a en la redacción vigente a 31-1-2021. La exención alcanza a todos los actos o negocios jurídicos necesarios hasta la cancelación registral de la sociedad en liquidación.

E. En relación con la excepción a la exención por ITP y AJD aplicable en la transmisión de valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial realizadas en el mercado secundario, cuando se trate de eludir el pago del impuesto al que hubieran estado gravado la transmisión del inmueble, se cambia la referencia al valor real por el valor de mercado en relación con la sustitución de los valores netos contables de todos los bienes contabilizados, determinados a la fecha en que tenga lugar la transmisión o adquisición (LMV art.314 redacc L 11/2021 art.séptimo).

NOTA

El valor de referencia se ha de determinar por la Dirección General del Catastro, de forma objetiva y con el límite del valor de mercado, a partir de los datos obrantes en el Catastro, como resultado del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las compraventas inmobiliarias efectuadas. A estos efectos, se han de seguir las directrices recogidas en la LCI disp.trans.9ª redacc L 11/2021 art.14.7.

Anualmente se ha de elaborar un informe anual del mercado inmobiliario en el que se han de incluir las conclusiones del análisis de los citados precios, así como un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor medio de los productos inmobiliarios representativos.

Con el fin de que el valor de referencia de los inmuebles no supere el valor de mercado se fijará, mediante orden del Ministerio de Hacienda, un factor de minoración al mercado para los bienes de una misma clase.

Asimismo, la Dirección General del Catastro ha de aprobar anualmente mediante resolución los elementos precisos para la determinación del valor de referencia de cada inmueble por aplicación de los citados módulos de valor medio y de los factores de minoración correspondientes la cual, tras haberse pasado todos los trámites legalmente establecidos.

Los valores de referencia pueden ser consultados de forma permanente a través de la Sede Electrónica del Catastro (LCI disp.final 3ª redacc L 11/2021 art.14.8).

5. ISD (L 11/2021 art.cuarto)

Con efectos 11-7-2021 se producen modificaciones respecto a:

A. La determinación de la base imponible del ISD, donde se sustituye la referencia al valor real por el de valor de los bienes y derechos que se adquieran, equiparándolo a su valor de mercado, salvo que el valor declarado sea mayor a este, en cuyo caso se ha de tomar aquel. En concreto, se considera como valor de mercado aquel precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas.

En el caso concreto de inmuebles, se toma como base imponible el valor de referencia recogido en la norma reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha del devengo, excepto que el valor declarado por los interesados sea superior, en cuyo caso ha de prevalecer este último (ver nota punto 5).

Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del Catastro, la base imponible, va a ser la mayor del valor declarado por los interesados o del valor de mercado, sin perjuicio de la comprobación administrativa.

Consecuentemente, en relación con las cargas deducibles, tanto en el caso de transmisiones mortis causas como inter vivos, se ha de sustituir la referencia al valor real por el de valor de los bienes y derechos adquiridos. Lo mismo ocurre con el valor a consignar por los interesados en sus declaraciones del impuesto, a efectos de la comprobación de valores por parte de la Administración.

B. Se extiende el régimen de las acumulaciones de donaciones, en los mismos términos, a las adquisiciones producidas en vida del causante como consecuencia de contratos y pactos sucesorios formalizados entre las mismas personas.

C. En consonancia con los últimos pronunciamientos del TS sobre la extensión del principio de libertad de movimiento de capitales consagrado en el TFUE, se extiende la regulación del ISD a todos los no residentes, ya sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o en un tercer Estado.

6. LIP (L 11/2021 art.quinto)

Se introducen modificaciones respecto a:

A. Base imponible:

  • los valores de los bienes inmuebles, donde uno de los tres valores a tener en cuenta es el valor determinado o comprobado por la Administración a efectos de otros tributos. En consecuencia, se establece como criterio de valoración el valor de referencia (ver nota punto 5).
  • cómo deben valorarse los seguros de vida cuando el tomador del seguro no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate. Se establece que a la fecha de devengo del impuesto esta valoración debe realizarse por el valor de la provisión matemática. Esto no es de aplicación en aquellos seguros temporales que incluyan prestaciones en caso de fallecimiento o invalidez u otras garantías complementarias de riesgo.
  • las rentas temporales o vitalicias; si estas proceden de un seguro de vida, se han de computar por el valor establecido en la regla de valoración prevista para los seguros de vida.

B. La tributación de contribuyentes no residentes, que amplía la posibilidad de aplicar la normativa de la autonomía donde radique el mayor valor de sus bienes a cualquier contribuyente no residente, con independencia de su residencia.

7. LIVA (L 11/2021 art.octavo)

Con el fin de evitar interpretaciones erróneas que pudieran dar lugar a situaciones de abuso o fraude, en especial en materia de responsabilidad tributaria:

a) Se extiende el ámbito de responsabilidad subsidiaria del pago de la deuda tributaria por el abandono o salida de los depósitos distintos a los aduaneros, a los titulares de depósitos fiscales de productos comprendidos en el ámbito objetivo de los impuestos especiales.

No obstante, y respecto a los propietarios de depósitos fiscales cuyos productos se encuentren sujetos a los  Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre Hidrocarburos, esa responsabilidad solo será exigible cuando el extractor no se encuentre en el Registro de extractores que reglamentariamente se establezca, y al que están obligados a inscribirse.

A efectos de esta ley tienen la calificación de extractores, las personas o entidades que sean los sujetos pasivos de las operaciones asimiladas a las importaciones de bienes, devengadas con ocasión de la salida o el abandono de los productos comprendidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre Hidrocarburos.Se definen la responsabilidad de la entidad dominante en el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, del régimen de grupo de entidades.

b) Al ser el sujeto que ostenta la representación del grupo de entidades, se matiza el alcance y naturaleza de las obligaciones de la entidad dominante, y se la declara como sujeto infractor en los incumplimientos materiales y formales de las obligaciones específicas del régimen de grupo en IVA:

  • ingreso de la deuda tributaria;
  • solicitud de compensación o de la devolución resultante;
  • declaración-liquidación agregada correspondiente al grupo de entidades; y
  • veracidad y exactitud de los importes y calificaciones consignadas por las entidades dependientes que se integran en la declaración-liquidación agregada.

c) Se extiende la responsabilidad subsidiaria del pago en las importaciones a cualquier persona o entidad que actué en nombre y por cuenta del importador y no solo a los agentes de aduanas como estaba determinado en la redacción anterior.

8. IGIC (L 11/2021 art.noveno)

a) Se incorporan las modificaciones incluidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido en materia de responsabilidad tributaria en el ámbito de las liquidaciones aduaneras.

Así, son considerados responsables subsidiarios del impuesto, las personas o entidades que actúan en nombre y por cuenta del importador.

b) Se tipifica como infracción grave y por tanto sancionable, el retraso en la obligación de llevar los libros registro a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria.

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de un 0,5 por ciento del importe de la factura objeto de registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros.

9. LGT (L 11/2021 art.decimotercero)

Con el objetivo de garantizar el deber constitucional de contribuir al sostenimiento del gasto público (Const art.31), que implica, de un lado, buscar la riqueza allá donde se encuentre y, de otro, la prohibición en la concesión de privilegios tributarios discriminatorios, se incorporan, con efectos generales desde el 11-7-2021, las siguientes modificaciones en la LGT:

a) Queda prohibido cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique una disminución de la cuantía de la deuda tributaria (amnistía fiscal).

En relación con la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias (listado de deudores), se reduce el umbral de las deudas y sanciones objeto de declaración, que pasa de 1.000.000 a 600.000 euros, y se incluye dentro del concepto de deudor a quienes ostenten tal condición por haber sido declarados responsables solidarios. Además, se excluye del listado a los deudores que, antes de la finalización del plazo para formular alegaciones a su inclusión en la lista, paguen (y justifiquen) la totalidad de la cantidad adeudada.

b) En el marco de los intereses de demora, estos no resultan exigibles en los supuestos de devolución improcedente, cuando el contribuyente regularice voluntariamente su situación tributaria. Todo ello, sin perjuicio de los recargos que puedan imponerse por declaración extemporánea sin requerimiento previo y los intereses de demora que, conforme a las reglas generales de estos recargos, puedan proceder.

En los supuestos de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, no se incluye en el cálculo de los intereses de demora, cuando sean debidos por la Administración, las dilaciones por causa no imputable a la Administración, los períodos de extensión y los días de cortesía -de no actuación por la Inspección-.

En los supuestos de devolución de ingresos indebidos, a las dilaciones ya reguladas se unen los días de cortesía y los períodos de extensión, quedando todos ellos excluidos del cómputo.

c) Se establece un nuevo sistema de recargos por declaración extemporánea basado en recargos crecientes. Así, el recargo será un porcentaje igual al 1%, más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso. Transcurridos doce meses, el recargo será del 15% y comenzará el devengo de intereses de demora.

Se excepciona del pago de los recargos a quien regularice, en el plazo de seis meses (con completo reconocimiento y pago de las cantidades resultantes) y mediante la presentación de una declaración o autoliquidación, hechos o circunstancias idénticos a los ya regularizados por la Administración pero correspondientes a otros períodos del mismo concepto impositivo; siempre que la conducta tributaria no haya sido merecedora de sanción, no se presente solicitud de rectificación de la declaración o autoliquidación y no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación.

La nueva regulación podrá aplicarse también a los recargos exigidos con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario y el recargo no haya adquirido firmeza. Igualmente, podrá aplicarse en aquellos casos en que ya se hubiera impugnado la regularización administrativa, a través del trámite de audiencia.

d) Dentro de las obligaciones formales, se establece una nueva obligación para los productores, comercializadores y usuarios de sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, que deberán garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos. Es decir, se pretenden evitar los softwares de doble uso.

En concordancia con dicha regulación, se establece un régimen sancionador específico, derivado de la mera producción de estos sistemas o programas, o la tenencia de los mismos sin la adecuada certificación (LGT art.201 bis).

Como excepción a la regla general de vigencia, la nueva obligación y el régimen sancionador asociado entrarán en vigor transcurrido el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta norma, es decir el 11-10-2021.

e) Se adapta el régimen de representación de los no residentes para adecuarlo al Derecho de la UE: sólo se designará representante cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria. Desaparece, así, la obligación automática de designar representante cuando se opere en España a través de un EP o cuando así lo requiera la Administración tributaria.

f) Se incorpora la posibilidad de adoptar medidas cautelares durante la tramitación de procedimientos de suspensión con otras garantías -distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática-, con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, siempre que sea necesario para asegurar el cobro de la deuda cuya ejecutividad se pretende suspender.

g) Se clarifica el régimen de autorización judicial de entrada en el domicilio en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos. Conforme a la jurisprudencia del TS se exige que la solicitud de autorización esté debidamente justificada, motivando la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la entrada.

Además, se recoge la posibilidad de que tanto la solicitud como la autorización puedan practicarse con carácter previo al inicio formal del procedimiento.

h) En los procedimientos de gestión iniciados mediante declaración se incorpora, como nueva causa de terminación, el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del procedimiento iniciado mediante declaración o algún elemento de dicho objeto.

i) En el ámbito del procedimiento inspector, se incorpora un nuevo supuesto de suspensión, derivado de la aplicación de determinados instrumentos dirigidos a facilitar la cooperación y coordinación de las administraciones tributarias del Estado con las administraciones forales, y se elimina, en la tramitación de las actas de disconformidad, el carácter obligatorio (que pasa a ser potestativo) del informe.

Cuando para el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido, se exige que la solicitud de autorización judicial incorpore el acuerdo de entrada suscrito por la autoridad administrativa competente.

j) En relación con el período voluntario de pago, la declaración de concurso no suspenderá el plazo para abonar las deudas concursales, sin perjuicio de que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo dispuesto en la norma concursal.

Las solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie sólo suspenderán cautelarmente el inicio del periodo ejecutivo cuando anteriormente no se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solicitud previa en periodo voluntario (habiéndose abierto plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo).

A los efectos del procedimiento de exigencia de la responsabilidad solidaria, se aclara que el período voluntario de pago de las deudas es el originario, sin que las vicisitudes acaecidas frente al deudor principal, como suspensiones o aplazamientos, deban proyectarse sobre el procedimiento seguido con el responsable.

k) En el ámbito sancionador, se añade, por un lado, un nuevo supuesto de sujeto infractor, la entidad dominante en el régimen especial de entidades del IVA y, por otro, se modifica el régimen de las reducciones aplicables a las sanciones: se eleva la reducción asociada a las actas con acuerdo, que pasa del 50% al 65%, y la reducción por pronto pago, que pasa del 25% al 40%.

En todo caso, se establece un régimen transitorio para la aplicación de las nuevas reducciones.

En el marco de las infracciones por no presentar o presentar incorrectamente declaración (aduanera) sumaria de entrada (CAU art.127), el importe mínimo de la sanción pasa de 100 a 600 euros.

El plazo máximo para el inicio del procedimiento sancionador, incoado a partir de las liquidaciones o resoluciones dictadas en determinados procedimientos de aplicación de los tributos, pasa de 3 a 6 meses, en línea con el plazo general de resolución de los procedimientos tributarios.

l) En los casos de suspensión del acto administrativo con dispensa total o parcial de garantías, se atribuye al Tribunal económico-administrativo la potestad legal (hasta ahora reglamentaria) para inadmitir la solicitud de suspensión cuando no pueda deducirse de la documentación aportada en la solicitud u de aquella obrante en el expediente administrativo, la existencia de indicios de perjuicios de difícil o imposible reparación o de error aritmético, material o de hecho.

Además, se otorga rango legal a la posibilidad que ostenta la Administración de continuar con su actuación en aquellos supuestos en que la deuda se encuentre en período ejecutivo; así las solicitudes de suspensión de deudas en periodo ejecutivo distintas de la suspensión automática, no impedirán la continuación de las actuaciones de la Administración. Si bien, concedida la suspensión, se anularán las actuaciones efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud.

m) En relación con las ayudas de estado, se incorpora la prohibición de conceder nuevas ayudas estatales individuales a una empresa que tenga pendiente de cumplir una obligación de reintegro derivada de una decisión de la Comisión Europea.

n) En el ámbito de la gestión censal, se modifica el régimen de revocación del NIF, de tal forma que las sociedades inactivas no puedan realizar inscripciones en ningún registro público, ni otorgar escrituras ante notario, a excepción de los trámites imprescindibles para la cancelación de la correspondiente nota marginal.

o) Sobre el modelo 720, relativo a la obligación de información de bienes y derechos situados en el extranjero, con la finalidad de ajustar su contenido a las nuevas circunstancias existentes en el mundo económico, se introduce la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero y se regulan las sanciones asociadas a su incumplimiento.

p) En el marco de la asistencia mutua, se amplía de cuatro a cinco años el periodo de tiempo de conservación por las instituciones financieras de las pruebas documentales, de las declaraciones que resulten exigibles a las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras y del resto de información utilizada en cumplimiento de las obligaciones de información y diligencia debida.

q) En materia aduanera se recoge expresamente la imposibilidad de aplicar a las declaraciones aduaneras los recargos por declaración extemporánea que regula la LGT art.27.

Nota:

Para completar el régimen de entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, se modifica también la LJCA, otorgando a los  Juzgados de lo Contencioso-administrativo competencia para conocer de las autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, acordada por la Administración tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos aún con carácter previo a su inicio formal cuando, requiriendo del consentimiento de su titular, este se oponga o exista riesgo de oposición.

10. IAE (L 11/2021 art.decimoquinto)

Al objeto de reforzar las medidas antielusión, se actualizan las referencias normativas para la consideración de grupo de sociedades y se aclara que la regla para el cálculo del importe neto de la cifra de negocios se deberá aplicar, con independencia de la obligación de consolidación contable.

11. Pagos en efectivo (Ley 11/2021 art.decimoctavo)

Las principales novedades incorporadas son las siguientes:

a) En relación con el ámbito de aplicación, se disminuye el límite general, que pasa de 2.500 a 1.000 euros.

En el supuesto de personas físicas sin domicilio fiscal en España, el límite especial pasa de 15.000 a 10.000 euros, cuando el pagador no actúe en calidad de empresario o profesional.

Estos límites serán de aplicación a todos los pagos efectuados a partir de la entrada en vigor de la norma, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.

b) En el marco del procedimiento sancionador, que se adapta a la regulación prevista por la L 39/2015, se incorporan las siguientes especialidades:

– designación del instructor por el titular del órgano competente para resolver;

– incorporación, en su caso, de la propuesta de resolución al acuerdo de inicio

– eliminación del trámite de audiencia;

– reducción al 50% del importe de la sanción en los casos de pago voluntario sin que medie recurso;

– plazo máximo de resolución expresa de seis meses;

– inicio del procedimiento aún en los supuestos de comisión continuada (L 39/2015 art.63.3).

La reducción del 50% podrá aplicarse a las sanciones exigidas con anterioridad a 11-7-2021, fecha de entrada en vigor de la norma, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza.

Además, con carácter excepcional y contraviniendo la regla general, también podrá aplicarse la reducción cuando, a pesar de haber interpuesto recurso contra la sanción, el interesado acredite su desistimiento e ingrese el importe restante de la sanción dentro del plazo voluntario de pago (LGT art.62.2) abierto con la notificación.

12. Plazo de prescripción en el marco del coronavirus

La suspensión de los plazos de prescripción recogida por las medidas excepcionales en el ámbito del COVID-19, desde el 14-3-2020 hasta el 30-5-2020, solo resultará aplicable a aquellos plazos que, sin tener en cuenta la misma, finalicen antes del 1-7-2021 (Ley 11/2021 disp.final.3ª).

13. Otras novedades

a) Con efectos desde el 11-7-2021 y hasta el 31-12-2021, se modifican los límites de emisiones de CO2 que determina el tipos impositivo aplicables en el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte (L 11/2021 disp.adic.quinta).

b) Se modifican diversos aspectos de los impuestos especiales respecto al Régimen suspensivo de los impuestos especiales de fabricación, denominación de depósito fiscal y se determinan nuevos supuestos de infracciones tributarias en el ámbito de los Impuestos Especiales de Fabricación, del Impuesto Especial sobre el Carbón y del Impuesto Especial sobre la Electricidad (L 11/2021 art.décimo).

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Resumen prestaciones Real Decreto-Ley 2/2021

Estimado cliente, a continuación pasamos a resumir las medidas mas importantes laboral del Real Decreto Ley 2-2021 de 26 de enero, correspondiente a las ayudas por PRESTACIÓN CESE DE ACTIVIDAD O POR REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN.

PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD POR SUSPENSIÓN

¿Quiénes son los destinatarios?

Son aquellos trabajadores autónomos afectados por una resolución de la autoridad competente, del 1 de febrero de 2021 en adelante, que obliga a la suspensión de todas las actividades motivada por la COVID-19.

También seguirán cobrando esta prestación, según la Disposición Transitoria segunda, sin tener que realizar más trámites, los trabajadores autónomos que a 31 de enero de 2021 vinieran percibiendo la prestación extraordinaria de cese de actividad prevista en el art. 13.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida o hasta el 31 de mayo de 2021 si la última fecha es anterior.

¿Qué requisitos deben cumplir?

  • Resolución de la autoridad, posterior al 1 de febrero, que obligue a la suspensión (cierre) de todas las actividades.
  • Estar afiliado y en alta antes del 1 de enero de 2021.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
  • Continuar dado de alta mientras perciba la prestación.

Inicio y fin de la prestación

  • Si se solicita dentro de los 21 días naturales siguientes a la resolución, se inicia desde el día siguiente a la resolución de cierre.
  • Si se solicita después de esos 21 días, se inicia desde el día de la solicitud.
  • Finaliza el último día del mes del fin de la suspensión de la actividad o hasta el 31 de mayo de 2021 como máximo.

¿Cuál debe ser mi cotización?

  • Si se solicita dentro de los 21 días naturales: exento desde el primer día del mes en el que se adopte la medida de cierre hasta el último día del mes siguiente al que se levante la medida.
  • Si se solicita después de los 21 días naturales quedaría exento de cotización desde el primer día del mes en el que se adopte la medida, pero el periodo anterior a la solicitud no se entendería como cotizado.

¿Cuál es la cuantía de la prestación?

  • Será del 50% de la base de cotización mínima que corresponda por la actividad desarrollada.
  • Se incrementará hasta el 70% si es familia numerosa y son los únicos ingresos de la unidad familiar.
  • Será del 40% si conviven en un mismo domicilio dos o más personas con derecho a prestación (hasta primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.

Incompatibilidades

  • Trabajo por cuenta ajena, cuando los ingresos sean superiores a 1,25 veces el importe del SMI (Salario Mínimo Interprofesional)
  • Trabajo por cuenta propia.
  • Percepción de rendimientos procedentes de la sociedad que ha suspendido la actividad.
  • Percepción de prestaciones de Seguridad Social que sean incompatibles con su actividad.

Ayudas por paralización flota en los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD  COMPATIBLE CON EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA

¿Quiénes son los destinatarios?

Son aquellos trabajadores autónomos que hayan visto reducir sus ingresos por cuenta propia de más del 50% en el primer semestre del 2021 frente al segundo semestre de 2019.

¿Qué requisitos deben cumplir?

  • Estar afiliados y en alta el 1 de febrero de 2021 y permanecer de alta mientras se cobra la prestación
  • Contar con la cobertura del cese de actividad, 12 meses ininterrumpidos (desde febrero de 2020 a enero de 2021).
  • No haber cumplido la edad de jubilación, salvo si no tiene carencia para jubilarse.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas.
  • En caso de tener trabajadores, estar al corriente en sus obligaciones.
  • Reducción de ingresos por cuenta propia de más del 50% en el primer semestre del 2021 vs segundo semestre de 2019.
  • Rendimientos netos en el primer semestre del 2021, inferiores a 7.980 €.

Inicio y fin de la prestación

  • Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de febrero de 2021, la prestación se inicia el 1 de febrero de 2021.
  • Si se solicita del 22 de febrero en adelante, la prestación se iniciará al día siguiente de la solicitud.
  • Esta prestación finaliza el 31 de mayo de 2021
  • A partir del 31 de mayo de 2021 solo se podrá continuar percibiendo esta prestación solicitando la prestación ordinaria de cese de actividad.

¿Debo cotizar?

Sí, debes ingresar la totalidad de las cotizaciones. La mutua pagará junto a esta prestación la parte de las cotizaciones por contingencia común.

¿Cuál es la cuantía de la prestación?

  • 70% de su base de cotización.
  • 50% de la base de cotización mínima de su actividad (si compatibiliza con trabajo cuenta ajena).

Incompatibilidades

  • Con el trabajo por cuenta ajena cuando los rendimientos netos de éste, junto con el trabajo por cuenta propia, superen 2,2 veces el SMI (Salario Mínimo Interprofesional).
  • Y cuando los ingresos por cuenta ajena superen 1,25 veces el SMI.

PRESTACIÓN PARA TRABAJADORES AUTONOMOS QUE NO TIENEN CABIDA EN LAS PRESTACIONES O EN EL CESE ORDINARIO

¿Quiénes son los destinatarios?

Son aquellos trabajadores autónomos que no han podido acceder anteriormente a otras prestaciones de cese, por no reunir los requisitos de carencia exigidos en la norma.

¿Qué requisitos deben cumplir?

  • No tener derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad o a la prestación prevista en el Art. 7 del RDL 2/2021 por no tener carencia de 12 meses.
  • Estar afiliado y de alta en el RETA antes del 1 de abril de 2020.
  • Continuar dado de alta mientras perciba la prestación.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas.
  • No tener rendimientos netos por cuenta propia en el primer semestre del 2021 superiores a 6.650 €.
  • Y, además, acreditar en el primer semestre del 2021 unos ingresos inferiores a los habidos en el primer trimestre de 2020.

¿Cuál es su duración?

  • Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de febrero de 2021, la prestación se inicia el 1 de febrero de 2021.
  • Si se solicita del 22 de febrero en adelante, la prestación se iniciará al día siguiente de la solicitud
  • Finaliza el 31 de mayo de 2021.

¿Cuál es la cuantía de la prestación?

  • 50% de la base de cotización mínima de su actividad
  • 40% de la base de cotización mínima de su actividad si conviven en un mismo domicilio dos o más personas con derecho a prestación (hasta primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad)

¿Debo cotizar?

  • Exento de obligación de cotizar

Incompatibilidades

  • Con el trabajo por cuenta ajena cuando los ingresos sean superiores a 1,25 veces el importe del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).
  • Con el trabajo de otra actividad por cuenta propia.
  • Percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.
  • Percepción de Prestaciones de Seguridad Social, salvo que sean compatibles con su actividad.
  • Ayudas por paralización de flota en los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

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Novedades de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021

En fecha 31 de diciembre de 2020 se ha publicado en el B.O.E. la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. A continuación, mostramos un resumen:

NOVEDADES TRIBUTARIAS:

IRPF

1.    Incremento de la escala general del IRPF

Con efectos desde el 1-1-2021 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 1 del artículo 63 de la Ley 35/2006, se introduce un nuevo tramo para la parte de la base liquidable general que exceda de 300.000 euros, que pasa a tributar del 22,5% al 24,5%. Si no hubiera escala autonómica propia, el tipo marginal máximo ascendería al 47% (frente al 45% que aplicaba hasta ahora).

2.    Introducción de un nuevo tramo en el gravamen del ahorro del IRPF

Con efectos desde el 1-1-2021 y vigencia indefinida, se introduce un nuevo tramo para la parte de la base liquidable de ahorro que exceda de 200.000 euros, que pasa a tributar del 23% al 26%.

3.    Reducción de los límites en la base imponible de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social

Con efectos desde el 1-1-2021 y vigencia indefinida, se minora de 8.000 a 2.000 euros el importe anual máximo de aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social con derecho a reducción.

Este límite se incrementará en 8.000 euros (hasta 10.000 euros), siempre que el incremento provenga de contribuciones empresariales. A estos efectos, se considerarán como contribuciones empresariales las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, así como las que realice a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su vez, sea tomador y asegurado.

Se reduce de 2.500 a 1.000 euros el límite anual máximo de aportaciones con derecho a reducción realizadas a los sistemas de previsión social en favor del cónyuge que no obtenga rendimientos del trabajo ni de actividades económicas o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales.

Se reduce de 8.000 a 2.000 euros el límite anual máximo para el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que satisfagan primas a seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia a favor de un mismo contribuyente, incluidas las del propio contribuyente.

4.    Prórroga de los límites excluyentes del método de estimación objetiva en el IRPF

Con efectos desde el 1-1-2021 y vigencia indefinida, se modifica la disposición transitoria trigésimo-segunda de la Ley 35/2006, por la que para los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, las magnitudes de 150.000 y 75.000 euros a que se refiere el apartado a’) de la letra b) de la norma 3.ª del apartado 1 del artículo 31 de esta Ley, quedan fijadas en 250.000 y 125.000 euros, respectivamente.

Asimismo, para dichos ejercicios, la magnitud de 150.000 euros a que se refiere la letra c) de la norma 3.ª del apartado 1 del artículo 31 de esta Ley, queda fijada en 250.000 euros.

IS

1. Limitación de la exención sobre dividendos y rentas positivas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español.

Se modifica la exención recogida en el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que afecta a los dividendos y plusvalías de participaciones significativas, de forma que el importe que resultará exento será a partir de 2021 el 95% del dividendo o renta positiva obtenida en las transmisiones, en lugar del 100% aplicable en la actualidad.

Con la finalidad de permitir el crecimiento de las empresas que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 40 millones de euros y que no formen parte de un grupo mercantil, tales contribuyentes aplicarán la exención o deducción por doble imposición económica internacional al 100% de los dividendos durante un período limitado a tres años, cuando procedan de una filial, residente o no en territorio español, constituida con posterioridad al 1 de enero de 2021.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Se eleva en un punto el tipo de gravamen aplicable al último tramo de la tarifa (para patrimonios superiores a 10.695.996,06 euros), que pasa del 2,5% al 3,5%.

Se deroga el apartado segundo del artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por lo que se mantiene con carácter indefinido sin necesidad de restablecimiento anual.

IVA

1. Lugar de realización de determinadas prestaciones de servicios.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el apartado dos del artículo 70 de la Ley 37/1992, por lo que se considerarán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto los servicios que se enumeran a continuación cuando, conforme a las reglas de localización aplicables a estos servicios, no se entiendan realizados en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, pero su utilización o explotación efectivas se realicen en dicho territorio:

1.º Los enunciados en el apartado Dos del artículo 69 de esta Ley, cuyo destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal.

2.º Los de mediación en nombre y por cuenta ajena cuyo destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal.

3.º Los de arrendamiento de medios de transporte.

4.º Los prestados por vía electrónica, los de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión.

2. Tipos impositivos reducidos.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se incrementa el tipo impositivo aplicable a las bebidas azucaradas o con edulcorantes añadidos, que pasarán a tributar ahora del tipo reducido del 10%, al general del 21%.

3. Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el ejercicio 2021.

Al igual que ocurría con los límites del régimen de estimación objetiva, se prorrogan para 2021 los del régimen simplificado de IVA (150.000,00 euros) y los del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca (250.000,00 euros).

IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGURO

Se revisa el Impuesto sobre Primas de Seguros, incrementándose el tipo de gravamen del 6% al 8%.

OTRAS NOVEDADES

1. Interés legal del dinero e interés de demora.

Se mantiene el interés legal de dinero y el de demora para 2021 en el 3% y el 3,75%, respectivamente.

2. IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Tendrá las siguientes cuantías durante la vigencia de esta ley:

– El IPREM diario, 18,83 euros.

– El IPREM mensual, 564,90 euros.

– El IPREM anual, 6.778,80 euros.

En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional haya sido sustituida por la referencia al IPREM, su cuantía anual será de 7.908,60 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual. No obstante, si expresamente se excluyen las pagas extraordinarias, la cuantía será de 6.778,80 euros.

NOVEDADES SOCIO-LABORALES:

PENSIONES

Se suspende la aplicación del sistema de revalorización de las pensiones de la Seguridad Social y de clases pasivas durante el ejercicio 2021. Para este ejercicio se establece una revalorización media de las pensiones del 0,9% que no van a poder superar el límite máximo de 2.707,49 euros mensuales o 37.904,86 euros anuales. El límite de ingresos para percibir los complementos por mínimos se fija en 7.707 euros/año (8.990,00 euros/año si existe cónyuge a cargo).

La cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez se incrementa en el 1,8% quedando establecida en 5.639,20 euros/año. El complemento por vivienda se fija en 525 euros/año, para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada.

Las pensiones del SOVI quedan establecidas en 6.183,80 euros/año.

Para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y otras prestaciones públicas, se prevé que quienes hayan percibido pensiones con anterioridad al 1-1-2021 que hayan sido revalorizadas en dicho ejercicio, reciban, antes del 1-4-2022 y en un único pago, una cantidad que compense los incrementos del IPC durante el año 2021, si este fuera superior al 0,9%.

Se prevé que sea la entidad gestora la que, cuando se cause una nueva pensión incompatible con la que viniera percibiendo el beneficiario, continúe con el abono de la de mayor cuantía. No obstante, el interesado va a poder revocar este acuerdo y optar por la pensión suspendida.

Se fijan las cuantías de las prestaciones familiares. También se establece la cuantía de la asignación económica y el límite de ingresos anuales para los beneficiarios que, de conformidad con las disposiciones transitorias del ingreso mínimo vital, mantengan o recuperen el derecho a la asignación económica por cada hijo menor de 18 años o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%.

Se fijan las cuantías de los subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos y de movilidad y compensación por gastos de transporte. Se prevé que a propuesta del MIMSS pueda incoar los procedimientos de revisión, a efectos de practicar el ajuste económico y presupuestario del gasto generado.

Se aplaza una vez más el establecimiento un sistema de compensación para reconocer, en favor de las personas interesadas, un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias.

COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

  1. En el Régimen General de la Seguridad Social:
  2. Se mantiene el tope máximo de la base de cotización en 4.070,10 euros mensuales. El tope mínimo queda pendiente de la aprobación del SMI ya que su cuantía es equivalente al SMI vigente en cada momento, incrementado en un sexto.
  3. Se mantienen las bases máximas y mínimas de cotización así como los tipos de cotización hasta ahora vigentes.
  4. El tipo de cotización por contingencias comunes durante los períodos de actividad de los trabajadores agrarios por cuenta ajena incluidos en los grupos 2 a 11 de cotización, pasa del 23,80% al 24,70% (20% a cargo de la empresa y 4,70% a cargo del trabajador). También cambia la reducción en las aportaciones empresariales a la cotización a este sistema especial durante los períodos de actividad ya que la fórmula aplicable para su cálculo utiliza el multiplicador del 7,36% en lugar del 7,20% hasta ahora aplicable. La cuota empresarial resultante no puede ser inferior a 101,47 €/mes (en 2020: 88,15 €/mes).
  5. En el sistema especial de empleados de hogar, se mantienen las bases de cotización así como las bonificaciones y reducciones vigentes en 2020.

b) En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se mantienen las bases de cotización así como los tipos aplicables excepto los correspondientes a contingencias profesionales (que pasa del 1,1% al 1,30%) y a cese de actividad (que pasa del 0,8% al 0,9%) de acuerdo con el régimen transitorio previsto en el RDL 28/2018. Los trabajadores que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, coticen durante 2021, en régimen de pluriactividad, teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el RGSS, así como las efectuadas en el RETA, por una cuantía igual o superior a 12.917,37 €, tienen derecho a una devolución del 50% del exceso en que sus cotizaciones por contingencias comunes ingresadas superen la mencionada cuantía, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el RETA, en razón de su cotización por las contingencias comunes.

c) Se eleva al 9% la cotización especial de solidaridad prevista para los supuestos de jubilación activa tanto en el RGSS como en el RETA.

d) Se prevé que las empresas y los trabajadores por cuenta propia de cualquier régimen de la Seguridad Social que se encuentren al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y no tuvieran otro aplazamiento en vigor, pueden solicitar, directamente o a través de sus autorizados RED, la siguiente moratoria en el pago de las cuotas con la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta:

  • Empresas: las devengadas entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021;
  • Trabajadores autónomos: las devengadas entre los meses de enero a marzo de 2021.

A este aplazamiento se le aplica un interés del 0,5%. La solicitud debe efectuarse antes del transcurso de los 10 primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso correspondiente a las cuotas devengadas antes señaladas. Este aplazamiento se concede mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda y se amortizará mediante pagos mensuales en un plazo de 4 meses por cada mensualidad solicitada, sin exceder de 12 mensualidades. El primer pago se producirá a partir del mes siguiente al que aquélla se haya dictado. La solicitud determina que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, respecto a las cuotas afectadas.

BONIFICACIONES Y REDUCCIONES

Se prorroga con vigencia indefinida el incentivo a la generación o prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados al turismo en los meses de febrero, marzo y noviembre de cada año (50% de las cuotas empresariales y conceptos de recaudación conjunta).

Se mantiene, ahora con vigencia indefinida, la bonificación del 50% de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en caso de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional.

Se mantiene la suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral (bonus prevención) para las cotizaciones que se generen durante el año 2021. Esta suspensión se extenderá hasta que se proceda a la reforma de la norma reguladora, que deberá producirse a lo largo del año 2021.

FOGASA. 

Se amplía el ámbito de protección del FOGASA para incluir las indemnizaciones previstas en caso de extinción del contrato a instancia del trabajador como consecuencia de un traslado por causas ETOP o de una modificación sustancial de condiciones de trabajo. En este último caso, el importe máximo que abonará el FOGASA se limita a 9 meses.

También se añade que el importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el FOGASA, se debe calcular sobre la base de 30 días de salario por año de servicio tanto para la extinción del contrato a instancia del trabajador como en los supuestos de despido declarado improcedente.

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Calendario Laboral 2021 Comunidad Valenciana

Presentamos el Calendario Laboral de la Comunidad Valenciana para el año 2021 en formato pdf con los campos de formulario habilitados para que pueda ser personalizado. Asimismo, recordamos que a los referidos festivos, habrá que añadir las dos fiestas locales fijadas por el ayuntamiento de la localidad a la que pertenezca el centro de trabajo.

Enlace de descarga

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Ampliación de los ERTEs COVID-19 hasta el 31-1-2021

Mediante el RDL 30/2020, y como consecuencia del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales,  se establece una nueva regulación de los ERTES como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Se crean los ERTEs por impedimento o limitación en el desarrollo de la actividad y se prorrogan los ERTES por fuerza mayor estableciendo para estos bonificaciones únicamente para las empresas vinculadas a sectores con mas tasa de cobertura de trabajadores en ERTE y menos recuperación. Se mantiene la regulación de los ERTES ETOP.

Con respecto de las empresas acogidas a los ERTES han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Se mantiene la prohibición de tramitar ERTES ETOP o de fuerza mayor, incluyendo los tramitados por limitación o impedimento de actividad, a las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales (RDL 30/2020 art.4).

2. También se mantiene la prohibición para las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas acogidas a estos ERTES de repartir dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen, salvo que abonen previamente el importe correspondiente a la exoneración a las cuotas de la seguridad social aplicada y hayan renunciado a ella. Durante este ejercicio, la falta de reparto de los dividendos no se tendrá en cuenta a los efectos de derecho de separación de los socios (LSC art.348 bis.1). Esta limitación no se aplica a las entidades de menos de 50 personas trabajadores o asimilados en situación de alta (RDL 30/2020 art.4).

3. No se permite la realización de horas extraordinarias.

4 . No pueden  concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los ERTEs. Tampoco pueden establecer nuevas externalizaciones de la actividad.  No obstante, esto sí es posible cuando las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.

5. Con la finalidad de proteger el empleo, hasta el 31-1-2021 se mantienen las siguientes medidas de protección al empleo (RDL 30/2020 art.6):

a) No se consideran causas justificativas de despido o extinción del contrato la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada (RDL 8/2020 art.22 y 23; RDL 9/2020 art.2).

b) El tiempo de suspensión de los contratos temporales (incluidos los formativos, los de relevo o de interinidad) a causa de un ERTE por fuerza mayor o por causas económicas, organizativas o de producción derivadas del COVID-19 interrumpe el cómputo  de su duración y de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas (RDL 9/2020 art.5).

6. Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo para los ERTEs por Fuerza mayor (RDL 8/2020 art.22 y disp.adic.6), para los de rebrote (RDL 24/202 art.6) y para los ETOP. También se aplica a los nuevos ERTEs de limitación e impedimento de la actividad. A las empresas que reciban exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social en aplicación de este RDL se les aplica un nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo. No obstante, si la empresa estuviese afectada por un compromiso de anterior, el inicio del nuevo compromiso se producirá cuando aquel haya terminado.

7. Por otra parte,  como novedad, se recoge que los trabajadores afectados por los ERTES tienen la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. A tal efecto, se establece un plazo de 3 meses para adaptar la legislación y programar planes específicos de formación adaptados a la realidad productiva de estas personas, especialmente, con relación la adquisición de competencias para la transformación digital, así como en los planes de formación sectoriales e intersectoriales.

Prórroga de los ERTEs por causas ETOP:

A partir del 30-9-2020, se modifica la tramitación de los ERTES ETOP consecuencia del COVID-19 que se inicien entre el 30-9-2020 y  el 1-1-2021. Para estos ERTEs el procedimiento a seguir es el abreviado regulado en el RDL 8/2020 art.23 con las especialidades siguientes (RDL 30/2020 art.3):

1.Su tramitación puede iniciarse mientras esté vigente un ERTE fuerza mayor.

2.Cuando el ERTE ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE fuerza mayor, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

3. Los ERTES ETOP vigentes el 30-9-2020 seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta su término. No obstante, es posible su prórroga, siempre que se acuerde en el periodo de consultas. Esta prórroga debe tramitarse ante la autoridad laboral receptora de la comunicación final del expediente inicial (RD 1483/2012; RDL 8/2020 art.23).

Los ERTEs tramitados por estas causas únicamente tienen derecho a la exoneración de cuotas cuando se refieran a empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura de por ERTEs y reducida tasa de recuperación de actividad.

Prórroga y nuevos ERTEs por fuerza mayor:

Mediante el RDL 30/2020, que incluye el Acuerdo de Defensa del Empleo adoptado por el Gobierno,  los sindicatos y las asociaciones patronales , se modifica la regulación de los ERTES adoptados como consecuencia de situación producida por el COVID-19, prorrogando las medidas hasta el 31-1-2021. La nueva regulación sobre ERTES por fuerza mayor es la siguiente:

A. Prórroga automática de todos los ERTEs por fuerza mayor vigentes basados en el RDL 8/2020 art.22 a efectos de desempleo y suspensión de los contratos de los trabajadores. Respecto de la exoneración de cuotas, se limita a las empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura de por ERTEs y reducida tasa de recuperación de actividad .

B. Creación de los ERTEs por limitación y por impedimento de desarrollo de actividad. Su regulación es la siguiente:

1. ERTE por impedimento de actividad. Pueden tramitarlo las empresas de cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo de su actividad como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1-10-20200, por autoridades españolas o extranjeras. Respecto de su regulación ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

a) El impedimento de la actividad se refiere a los centros de trabajo.

b) Debe tramitarse a través del procedimiento regulado en el ET art. 47.3.

c) Las empresas pueden beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras con sus actividades suspendidas, por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de los siguientes porcentajes de exoneración, según el número de trabajadores en alta a 29-2-2020:

– Menos de 50: 100% de la aportación empresarial.

– 50 o más: 90% de la aportación empresarial.

Las exoneraciones se aplicarán durante el periodo de cierre y en todo caso finalizarán el 31-1-2021.

2. ERTE por limitación en el desarrollo de la actividad. Se aplica a las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a por las decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas. Respecto de su regulación ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

a) La limitación de la actividad se refiere a los centros de trabajo.

b) Debe tramitarse a través del procedimiento en el ET art. 47.3.

c) Las empresas pueden beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras con sus actividades suspendidas, por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de los siguientes porcentajes de exoneración, según el número de trabajadores en alta a 29-2-2020:

OctubreNoviembreDiciembreEnero
Menos de 50 trabajadores
100%90%85%80%
De 50 o mástrabajadores
90%80%75%70%

Las exoneraciones se aplicarán mientras dure la limitación de la actividad y en todo caso finalizarán el 31-1-2021.

3. Normas comunes a los ERTEs de limitación y de impedimento. Son las siguientes:

a) Todas las exenciones en la cotización se aplican por la TGSS a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas trabajadoras y período de la suspensión o reducción de jornada, y previa presentación de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre el mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación de empleo. Las declaraciones responsables se deben presentar antes de solicitar el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al período de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.

b) La renuncia expresa al ERTE, que también deben comunicar a la TGSS, determina la finalización de estas exenciones desde la fecha de efectos de la renuncia. Tanto la presentación de las declaraciones responsables como la comunicación de la renuncia al ERTE debe realizarse a través del sistema RED.

c) Las exenciones en la cotización no tienen efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado.

d) La financiación de estas exenciones se realiza con cargo a los presupuestos de la SS, las MCSS y del FOGASA, respecto de las aportaciones que financien las prestaciones cubiertas por cada uno de ellos.

e) La exoneración se aplica sobre respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, al abono de la aportación empresarial, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

4. Se mantienen los ERTEs de rebrote (tramitados a partir del 1-7-2020 para empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impongan en alguno de sus centros de trabajo) en los términos previstos en la las resoluciones de la autoridad laboral, expresas o tácitas (RDL 24/2020 disp. adic.1.2). No obstante desde el 1-10-2020 al 31-1-2021, se aplican sobre los trabajadores afectados, las siguientes exoneraciones (RDL 30/2020  disp.trans única):

– Empresas de menos de 50 trabajadores : 100% de la aportación empresarial;

– Empresas de 50 o más trabajadores: 90% de la aportación empresarial.

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Se amplían hasta el 31-1-2021 las ayudas para autónomos

Finalizada la vigencia de las medidas excepcionales adoptadas por el RDL 24/2024 a favor de los trabajadores autónomos afectados por la crisis de la COVID-19, se establecen en el RDL 30/2020 nuevas medidas con vigencia a partir del 1-10-2020. Así, se reconoce una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que se vean obligados a suspender temporalmente su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades competentes para la contención de la COVID-19 o que obtengan pocos ingresos. También se recoge una prestación de cese extraordinario de actividad para trabajadores de temporada así como la prórroga, hasta el 31-1-2021, de la prestación de cese de actividad compatible con la actividad.

Se establece una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad a la que puede acceder, a partir del 1-10-2020 en los siguientes términos y condiciones:

1. Pueden ser beneficiarios los trabajadores autónomos que reúnan los siguientes requisitos:

  • estar en alta en el RETA o en el REM y al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social desde antes del 1-4-2020, sin  perjuicio de la invitación al pago para en el plazo de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas;
  • no tener derecho a la prestación de cese de actividad por no reunir los requisitos de carencia exigidos;
  • no tener ingresos superiores al SMI en el último trimestre de 2020;
  • sufrir, en el cuarto trimestre de 2020, una reducción en los ingresos de, al menos, el 50% en relación a los ingresos habidos en el primer trimestre de 2020 en proporción al período de alta.

Si reúnen los requisitos, también pueden acceder a esta prestación los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.

2. La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. Cuando 2 o más personas que convivan en un mismo domicilio y estén unidas hasta el primer grado de parentesco tengan derecho a esta prestación, la cuantía de cada una de las prestaciones es del 40%.

3. La prestación tiene una duración máxima de 4 meses, sin que pueda exceder del 31-1-2021El devengo se produce con los siguientes efectos:

  • si se solicita en los primeros 15 días naturales de octubre: desde el 1-10-2020;
  • si se solicita después del 15-10-2020: desde el primer día del mes siguiente al de presentación de la solicitud.

4. La prestación es incompatible con un trabajo por cuenta ajena -salvo que los ingresos sean inferiores a 1,25 veces el SMI-, con otra actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos de una sociedad, con prestaciones de Seguridad Social -salvo que fueran compatibles con la actividad suspendida- y, en el caso de trabajadores incluidos en el REM, con las ayudas por paralización de la flota.

5. Durante la percepción de la prestación se mantiene el alta en la Seguridad Social, pero el trabajador por cuenta propia queda exonerado de la obligación de cotizar. El período exento de cotización se entiende como cotizado y las cotizaciones que correspondan deben ser asumidas por las entidades con cargo a cuyo presupuesto se cubra la prestación, siendo la base de cotización la establecida en el momento del inicio de la prestación.

Los perceptores de esta prestación que no estuvieran cotizando por la prestación de cese de actividad deben hacerlo a partir del mes siguiente en que finalice la percepción de la prestación.

6. La prestación se reconoce de manera provisional. A partir del 1-3-2021 se procederá a revisar las resoluciones provisionales adoptadas, para lo que se analizarán los datos tributarios correspondientes a 2020.

En cualquier caso, el trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación puede renunciar a ella antes del 31-1-2021 o, en su caso, devolver por iniciativa propia la prestación sin necesidad de esperar a la reclamación de los ingresos indebidos por la MCSS o entidad gestora.

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Regulación del trabajo a distancia o teletrabajo

Como consecuencia del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales se publica mediante RDL 28/2020 el acuerdo para la regulación del teletrabajo. La norma entrará en vigor en 13-10-2020, pero no se aplicará a las empresas que hubieran implantado el teletrabajo como medida de contención sanitaria derivada de la COVID-19. No obstante, las empresas estarán obligadas a dotar a los trabajadores de los medios necesarios para desarrollar el trabajo a distancia, y a compensar los gastos existentes en la forma establecida  a través de en la negociación colectiva.

El  RDL incluye las modificaciones legislativas necesarias para adaptar la legislación social a la regulación del trabajo a distancia (ET art. 13, 23.1 s y 37.8; LISOS art 7.1)  y un nuevo artículo en la  LRJS que establece un procedimiento judicial especial aplicable a las reclamaciones relacionadas con derecho de acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia (LRJS art. 138.bis).

La nueva norma consta de 22 artículos, 7 disposiciones adicionales, 4 transitorias y 14 finales.  Las notas más destacadas  son las siguientes:

A. Ámbito de aplicación

Se aplica a las relaciones laborales por cuenta ajena  en las que en un periodo de referencia de tres meses, al menos el 30% de la jornada se desarrolle a distancia. Entendido como una forma de  organización de la actividad laboral que, con carácter regular, se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella. Es teletrabajo cuando la actividad se lleva a cabo a través de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.  No obstante, a través de la negociación colectiva puede establecerse un porcentaje o periodo de referencia inferior al establecido legalmente  a los efectos de calificar el trabajo a distancia como regular.

El teletrabajo en los contratos celebrados con menores, en prácticas y para la formación y el aprendizaje solo es posible cuando, mediante acuerdo, se garantice que al menos un 50% del trabajo se realiza de forma presencial. La negociación colectiva puede establecer un  porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos diferente al previsto en el mismo, siempre que no se celebren con menores de edad.

No se aplica al personal laboral al servicio de las AAPP. (disp.final 2ª).

B. Igualdad y no discriminación.

Los trabajadores a distancia tienen los mismos derechos que los trabajadores presenciales. En particular:

a) Derecho a percibir la retribución y los complementos establecidos para los trabajadores presenciales, especialmente los vinculados a las condiciones personales, los resultados de la empresa o las características del puesto de trabajo.

b) No sufrir perjuicio, especialmente en materia de tiempo de trabajo o de retribución, por las dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo.

c) Las empresas deben tener en cuenta a los trabajadores a distancia para la implementación de los planes de igualdad, la aplicación de medidas contra el acoso (sexual, por razón de sexo o laboral) y de protección de las víctimas de violencia de género.

d) También tienen los mismos derechos que los trabajadores presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad, incluyendo el derecho de adaptación a la jornada

C. Voluntariedad

El trabajo a distancia es voluntario tanto para la persona trabajadora como para la empresa. Esto supone que la decisión de trabajar a distancia es reversible para ambos.  En consecuencia, en trabajo a distancia no puede imponerse a través de una modificación de las condiciones de trabajo (ET art.41.1).  Asimismo, la negativa a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad o las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad a distancia no pueden justificar la extinción del contrato de trabajo o de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

D. Acuerdo de trabajo a distancia

El acuerdo de trabajo a distancia entre la empresa y la persona trabajadora debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Debe formalizarse por escrito  con anterioridad a inicio del trabajo a distancia. El acuerdo puede incorporarse al contrato de trabajo inicial o posteriormente, pero en todo caso debe entregarse copia básica del mismo a los representantes de los trabajadores en el plazo de 10 días y registrarse en la oficina de empleo. La no formalización constituye una infracción grave (LISOS art.7.1 redacc RDL 28/2020).

b) Sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en los convenios o acuerdos colectivos (disp.final.1), el contenido mínimo obligatorio del acuerdo es el siguiente:

-inventario de los medios, equipos y herramientas necesarios, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para su renovación;

– enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia;

– forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que de existir, debe realizarse según las previsiones recogidas en convenio o acuerdo colectivo de aplicación.

– horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.

– porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.

– Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.

– lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.

– Plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.

– medios de control empresarial de la actividad.

– procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.

– instrucciones en materia de protección de datos y seguridad de la información.

– duración del acuerdo de trabajo a distancia.

c) Solo puede modificarse mediante acuerdo, formalizado por escrito y con carácter previo a su implantación, entre la empresa y la persona trabajadora. No obstante, mediante convenio o acuerdo colectivo pueden establecerse los mecanismos y criterios por los que el trabajador presencial pueda pasar a trabajo a distancia o viceversa, así como las preferencias o la ordenación de las prioridades. En estos deben evitarse la perpetuación de roles y estereotipos de género y tener en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombre. Además, deben ser objeto de diagnóstico y tratamiento en el plan de igualdad.

E. Derechos  y deberes 

Se describen los siguientes derechos de las personas trabajadoras a distancia.

a) Derecho a la carrera profesional, que incluye tanto el derecho a la formación y a la promoción profesional.

b) Derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad. También debe garantizarse la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, especialmente en el caso de teletrabajo.

c) Derecho al abono y compensación de gastos por la empresa. La persona trabajadora no debe asumir los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. El mecanismo para la su determinación, compensación o abono de estos gastos pude establecerse mediante convenio o acuerdo colectivo.

d) Derecho al horario flexible de conformidad con lo establecido en el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. No obstante, deben respetarse los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso.

e) Derecho al registro horario adecuado, que debe reflejar fielmente el tiempo que la persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral.

f) Derecho a la prevención de riesgos laborales, que incluye una evaluación de riesgos en la que se deben tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, en especial factores psicosociales, ergonómicos y organizativos.

g) Derecho a la intimidad y a la protección de datos. Esto supone que la empresa:

– no pueda exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.

– deba establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso el derecho a su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos legal y constitucionalmente.

Mediante acuerdo o convenio colectivo puede regularse el uso por motivos personales de los equipos informáticos puestos a disposición de las personas  trabajadoras por la empresa.

h) Derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo A tal efecto, la empresa, previa audiencia de la representación legal de las personas trabajadoras, debe elaborar una política interna en la que deben definir modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática.

Los convenios o acuerdos colectivos de trabajo podrán establecer las medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho y la organización adecuada de la jornada para que sea compatible con la garantía de tiempos de descanso.

i) Ejercicio de sus derechos de naturaleza colectiva con el mismo contenido y alcance que el resto de los trabajadores del centro al que están adscritas. Para ello, la empresa debe suministrar a los representantes de los trabajadores los elementos necesarios para el desarrollo de su actividad representativa (acceso a las comunicaciones y direcciones electrónicas de uso en la empresa y la implantación del tablón virtual,….).

Asimismo,  debe garantizar la posibilidad de que los trabajadores a distancia puedan participar en las actividades organizadas o convocadas por su representación legal o por el resto de las personas trabajadoras en defensa de sus intereses laborales, especialmente en el ejercicio del derecho a voto.

2. Por su parte los trabajadores a distancia están obligados a:

a) Cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa en materia de protección de datos, previa participación de la representación legal de las personas trabajadoras. Incluye el cumplimiento de las instrucciones sobre seguridad de la información específicamente fijadas por la empresa.

b) Cumplir las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas en la empresa en relación con los equipos o útiles informáticos, dentro de los términos que, en su caso, se establezcan en la negociación colectiva.

Además, la empresa puede adoptar las medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, con la consideración debida a su dignidad. También ha de tenerse en cuenta la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.

Las situaciones de trabajo a distancia anteriores al 22-09-2020 reguladas por convenios o acuerdos colectivos se regularán por dispuesto en esta norma a partir del momento en que estos pierdan su vigencia y en todo caso a partir del 23-9-2021 (un año a partir de la publicación del RDL 28/2020). La aplicación de esta norma no puede suponer absorber o compensar condiciones más beneficiosas que ya vinieran disfrutando.  La norma da un plazo de 3 meses desde que esta fuera aplicable para adaptar o modificar los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes a 23-9-2020 no derivados de convenios o acuerdos colectivos. Si la situación de trabajo a distancia deriva de un acuerdo individual el plazo de adaptación finaliza el 23-12-2020 (3 meses desde su publicación).

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Medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 en la Comunidad Valenciana

El pasado 14 de agosto, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron por unanimidad, en el Consejo Interterritorial celebrado de forma extraordinaria, actuaciones coordinadas en Salud Pública para actuar ante el incremento de casos de la COVID-19. En concreto fueron once medidas de control en siete ámbitos diferentes, tres recomendaciones y una indicación de observancia de los aspectos incluidos en el «Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19».

El 18 de agosto de 2020 se publicó en el DOGV la Resolución de 17 de agosto de 2020 de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19. La medidas, de aplicación en toda la Comunidad Valenciana, que resumimos a continuación estarán vigentes durante un período de 21 días naturales desde la fecha de publicación. Destacamos las más importantes:

1. Medidas de limitación y prevención por sectores

 a) En materia de ocio: suspensión de actividad de los locales de discotecas, salas de baile, karaoke y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo. Se suspende también la realización de karaokes y actuaciones esporádicas o amateurs de canto en los establecimientos de restauración y hostelería.

b) En materia de hostelería y restauración: en los establecimientos de hostelería, restauración, terrazas y bares o restaurantes de playa, se asegurará la distancia física de seguridad de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. Esta distancia de 1,5 metros deberá estar medida entre las personas más próximas de las diferentes mesas o agrupaciones de mesas. La ocupación máxima será de 10 personas por mesa o agrupación de mesas.

Se permite el acceso al interior y el servicio en barra, con distancia física de seguridad 1,5 metros entre clientes o grupos de clientes.

Los establecimientos y servicios de hostelería y restauración deberán cerrar no más tarde de las 01.00 horas, sin que pueda permitirse el acceso de nuevos clientes a partir de las 00.00 horas.

No se permitirá el consumo colectivo o en grupo, de bebidas en la calle o en espacios públicos (denominado coloquialmente «botellón»), ajeno a los establecimientos de hostelería o similares.

c) En materia de eventos y actividades multitudinarias: en cualquier tipo de evento o actividad multitudinaria cuya afluencia se prevea superior a 400 personas, además de todas las medidas establecidas a este respecto en Acuerdo de 19 de junio, del Consell, se deberá realizar una evaluación del riesgo, conforme a lo previsto en el documento Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por Covid-19 en España, acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

2. Medidas de recomendación de restricción de agrupaciones familiares y sociales en el ámbito privado

Se recomienda un máximo de personas por grupo en reuniones familiares o sociales, en espacios privados, de hasta 10 personas. Se recomienda la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.

Además, en los vehículos en que, por las características técnicas, únicamente se disponga de una fila de asientos, como en cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otras, podrán viajar como máximo dos personas, siempre que los ocupantes utilizan mascarillas y mantengan la máxima distancia posible.

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Nueva regulación de los ERTEs ETOP y Fuerza Mayor

En fecha 27/06/2020 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. A continuación resumimos las medidas adoptadas relacionadas con los ERTEs ETOP y fuerza mayor.

Prórroga de los ERTEs por fuerza mayor

Desde el 27/06/2020 únicamente se mantienen los ERTES por causa de Fuerza mayor a consecuencia del COVID-19 solicitados con anterioridad y, como máximo, hasta el 30/09/2020. Para ello, las empresas y entidades deben cumplir las siguientes obligaciones (RDL 24/2020 art.1):

1. Reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

2. Comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella. Sin perjuicio de lo anterior, la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, debe efectuarse previa comunicación de estas al SEPE de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo.

3. Comunicar al SEPE las variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.

4.No permitir la realización de horas extraordinarias.

5.No concertar nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los ERTEs de empleo y no establecer nuevas externalizaciones de la actividad. No obstante, esto sí es posible cuando las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.

El incumplimiento de estas obligaciones puede constituir una infracción de la empresa afectada, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la ITSS.

Regulación de los ERTEs ETOP a partir del 27/06/2020

A partir del 27/06/2020, se modifica la tramitación de los ERTES ETOP consecuencia del COVID-19 que se inicien entre el 27/06/2020 y  el 30-9-2020. Para estos ERTEs el procedimiento a seguir es el abreviado regulado en el RDL 8/2020 art.23 con las especialidades siguientes (RDL 24/2020 art.2):

1.Su tramitación puede iniciarse mientras esté vigente un ERTE fuerza mayor.

2. Cuando el ERTE ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE fuerza mayor, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

3. Los ERTES ETOP vigentes 27/06/2020 seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta su término.

3. Durante su vigencia no se puede:

– realizar horas extraordinarias;

– establecer nuevas externalizaciones de la actividad;

– concertar nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere este artículo.

 se permiten nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, cuando las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las anteriores no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas. Para ello, la empresa debe informar previamente a la  representación legal de las personas trabajadoras.

El incumplimiento de estas obligaciones puede constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la ITSS.

Exoneración de cuotas durante los ERTEs ETOP y fuerza mayor

Respecto de las exoneraciones de cuotas, a partir del 27/06/2020, se diferencian las siguientes situaciones (RDL 24/2020 art.4 y disp.adic.1ª):

A.Empresas y entidades que se encuentren con ERTES fuerza mayor parcial anteriores al 27/06/2020. Están exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la SS y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones siguientes:

Personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 01/07/2020Según el número de trabajadores o asimilados a 29/02/2020:-si menos de 50: 60% de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.-si 50 o más: 40% de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.
Personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 01/07/2020.Según el número de trabajadores o asimilados a 29/02/2020:-si menos de 50: 35% de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.-si 50 o más: 25% de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.

B. ERTES por causas ETOP anteriores al 27/06/2020 o tramitados entre el 27/06/2020 y el 30/09/2020. Están exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y siguientes:

Personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 01/07/2020Según el número de trabajadores o asimilados a 29/02/2020:-si menos de 50: 60% de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.-si 50 o más: 40% de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.
Personas trabajadoras de estas empresas con sus actividades suspendidas entre el 01/07/2020 y el 30/09/2020.Según el número de trabajadores o asimilados a 29/02/2020:-si menos de 50: 35% de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.-si 50 o más: 25% de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.

C. Empresas que a 30/06/2020 se encuentren en situación de ERTEs de fuerza mayor total (RDL 18/2020) respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta en los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo afectados. Están exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y siguientes:

Personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 01/07/2020Según el número de trabajadores o asimilados a 29/02/2020:– si menos de 50 trabajadores: 70% de la aportación empresarial devengada en julio de 2020; 60 % respecto de las cotizaciones devengadas en agosto de 2020; 35 % respecto de las cotizaciones devengadas en septiembre de 2020;-si 50 o más trabajadores: 50% de la aportación empresarial devengada en julio de 2020; 40% respecto de las cotizaciones devengadas en agosto de 2020; 25% respecto de las cotizaciones devengadas en septiembre de 2020.

Si estas empresas y entidades reinician su actividad, desde dicho momento, y hasta el 30/09/2020, se les aplican las exoneraciones establecidas para los supuestos de Fuerza mayor parcial.

D. ERTE en caso rebrote. Las empresas y entidades que, a partir del 01/07/2020 vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impongan en alguno de sus centros de trabajo, pueden beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta en los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo afectados, de los siguientes porcentajes de exención previstos a continuación, previa autorización de un ERTE por fuerza mayor, y según el número de trabajadores a 29/02/2020 (ET art.47.3):

Empresas de menos de 50 trabajadores80 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 30/09/2020.
Empresas de 50  o más trabajadores80 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 30/09/2020.

Normas comunes

Todas las exenciones en la cotización se aplican por la TGSS a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas trabajadoras y período de la suspensión o reducción de jornada, y previa presentación de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre el mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación de empleo. Las declaraciones responsables se deben presentar antes de solicitar el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al período de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.

La renuncia expresa al ERTE, que también debe comunicar la TGSS, determina la finalización de estas exenciones desde la fecha de efectos de la renuncia. Tanto la presentación de las declaraciones responsables como la comunicación de la renuncia al ERTE debe realizarse a través del sistema RED.

No obstante, en el caso de los trabajadores a los que no se haya reconocido la prestación por desempleo será suficiente la verificación del mantenimiento del trabajador en la situación asimilada a la de alta a la que se refiere la disposición adicional segunda. Cuando los afectados por el ERTE.

Las exenciones en la cotización no tienen efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado. Cuando se trate de personas incluidas en los ERTEs ETOP o por fuerza mayor que no tengan derecho a prestaciones de desempleo durante los períodos de suspensión de contratos o reducción de jornada, estos periodos también se considerarán cono considerarán como efectivamente cotizados, siendo la base de cotización a tener en cuenta, el promedio de las bases de cotización de los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de dichas situaciones.

La financiación de estas exenciones se realiza con cargo a los presupuestos de la SS, las MCSS y del FOGASA, respecto de las aportaciones que financien las prestaciones cubiertas por cada uno de ellos.

Limitaciones aplicables a la empresas afectas e ERTEs

Con respecto de las empresas acogidas a los ERTES se establecen las siguientes limitaciones:

1.No pueden acogerse a los ERTES ETOP fuerza mayor, las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales.

2.Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a estos ERTES no pueden proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen, salvo que abonen previamente el importe correspondiente a la exoneración a las cuotas de la seguridad social aplicada y hayan renunciado a ella. Durante este ejercicio, la falta de reparto de los dividendos no se tendrá en cuenta a los efectos de derecho de separación de los socios (LSC art.348 bis.1). Esta limitación no se aplica a las entidades de menos de 50 personas trabajadores o asimilados en situación de alta.

3.El compromiso de mantenimiento del empleo (RDL 8/2020 disp.adic.6ª) durante 6 meses se extiende también, en los términos previstos en la misma, a las empresas y entidades que apliquen un ERTE ETOP y se beneficien de correspondientes exoneraciones de cuotas a la SS. Para las empresas que se beneficien por primera vez de las exoneraciones, el plazo de 6 meses empieza a computarse desde el 27/06/2020.

4.Con la finalidad de proteger el empleo, hasta el 30/09/2020 se mantienen las siguientes medidas de protección al empleo:

a)No se consideran causas justificativas de despido o extinción del contrato la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada.

b)El tiempo de suspensión de los contratos temporales (incluidos los formativos, los de relevo o de interinidad) a causa de un ERTE por fuerza mayor o por causas económicas, organizativas o de producción derivadas del COVID-19 interrumpe el cómputo  de su duración y de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.

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Nuevas medidas de apoyo a los trabajadores autónomos

El Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, publicado el 27/06/2020, establece medidas dirigidas a facilitar el retorno a la actividad de los trabajadores autónomos una vez levantado el estado de alarma, consistentes en unas exenciones en la cotización durante los meses de julio, agosto y septiembre y en la posibilidad de compatibilizar, hasta el 30/09/2020, la prestación de cese de actividad con el trabajo por cuenta propia. Además, se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada.

Se analizan a continuación las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos introducidas por el RDL 24/2020, que tienen por finalidad facilitar su retorno a la actividad una vez finalizado el estado de alarma. Estas medidas serán objeto de seguimiento y evaluación por parte de una comisión de seguimiento creada al efecto y que estará integrada por las personas que designen el MISSM, la ATA, la UPTA y la UATAE.

I. Exención en las cotizaciones a la Seguridad Social

Los trabajadores autónomos que se encuentren de alta en el RETA o en el REM y sean perceptores a 30/06/2020 de la prestación extraordinaria de cese de actividad, tienen derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional en las siguientes cuantías:

Julio100%
Agosto50%
Septiembre25%

El porcentaje se aplicará sobre la base de cotización que tuviera el trabajador por cuenta propia de los meses indicados.

Esta exención es incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad.

II. Prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia

Los trabajadores autónomos que, a 30/06/2020, vengan percibiendo la prestación extraordinaria de cese de actividad pueden compatibilizar la actividad por cuenta propia y la prestación ordinaria por cese de actividad, siempre que concurran los siguientes requisitos:

– estar afiliados y en el alta en el RETA o REM;

– tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad de 12 meses;

– no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación;

– estar al corriente en el pago de cuotas a la Seguridad Social, sin perjuicio de que pueda ser invitado al pago de los descubiertos;

– acreditar unos resultados económicos durante el tercer trimestre de 2020 que supongan una reducción en la facturación de, al menos, el 75% con respecto al mismo trimestre de 2019 y unos rendimientos netos que no superen los 5.818,75 € al trimestre y los 1.939,58 € al mes.

– presentar declaración responsable que acreditan el cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y de Seguridad Social, cuando tengan trabajadores por cuenta ajena a su cargo.

El abono de la prestación reconocida conforme a estos requisitos se va a producir, como máximo, hasta el 30/09/2020. Si antes del 30/09/2020 se produce el cese definitivo en la actividad, los límites de los requisitos se tomarán de manera proporcional al tiempo de la duración de la actividad.

A partir del 30/09/2020, para percibir la prestación de cese de actividad se va a exigir el cese efectivo en la actividad así como la suscripción del compromiso de actividad y acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo a través de las actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora.

Junto con la prestación, la MCSS o, en su caso, el ISM abonarán al trabajador autónomo las cotizaciones por contingencias comunes que  hubiera correspondido ingresar de encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna. No obstante, corresponde al trabajador autónomo la obligación de ingreso de la totalidad de las cotizaciones en la TGSS.

El reconocimiento de la prestación se realiza con carácter provisional por la MCSS o el ISM produciendo efectos a partir del 01/07/2020 si la solicitud se efectúa antes del 15/07/2020. En caso contrario, los efectos se producen a partir del día siguiente a la solicitud.

A partir del 31/01/2021 se llevará a cabo la regularización de la prestación, de modo que si el trabajador autónomo supera los límites de ingresos, o no acredita una reducción en la facturación durante el tercer trimestre de 2020 del 75% con respecto al mismo trimestre de 2019, se procederá a reclamar las prestaciones percibidas. El ingreso de las cantidades reclamadas no conlleva intereses o recargo, salvo que se efectúe fuera del plazo fijado para ello en la resolución dictada por la TGSS.

El seguimiento y control de la prestación se efectúa por las MCSS o el ISM que, a partir del 21/10/2020 y del 01/02/2021, recabarán los datos tributarios correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 directamente del Ministerio de Hacienda o, si ello no fuera posible, de los propios beneficiarios. A estos efectos, los autónomos que hayan sido requeridos deberán aportar, en los 10 días siguientes, la siguiente documentación:

– copia del modelo de 303 de autoliquidación del IVA del segundo y tercer trimestres de 2019 y de 2020;

– copia del modelo 130 de autoliquidación en pago fraccionado del IRPF del segundo y tercer trimestres de 2019 y 2020. Los autónomos que tributen por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar cualquier medio de prueba que acredite los ingresos.

El trabajador autónomo puede renunciar a la prestación en cualquier momento anterior al 31/08/2020, surtiendo efectos a partir del mes siguiente a su comunicación. También pueden devolver la prestación, por iniciativa propia, cuando consideren que los ingresos del tercer trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo período, van a superar los umbrales establecidos para tener derecho a su percepción.

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